Rómulo reservó al rey estas prerrogativas: en primer lugar, presidir los asuntos sagrados y los sacrificios y cumplir todo lo que fue previsto por la voluntad de los dioses; a continuación, en tanto que guardián de las leyes y de las costumbres de los antepasados, ocuparse de la justicia según el derecho natural y el derecho establecido: juzgar los mayores crímenes, encomendar los menores a los senadores, pensar en impedir todas las faltas en el proceso; reunir al senado y convocar al pueblo, expresar el primero su opinión y ejecutar las decisiones de la mayoría. Tales fueron los poderes acordados al rey y tuvo, además de éstos, el mando supremo de la guerra.
A la asamblea del senado atribuyó igualmente el honor y el poder: decidir sobre todas las cuestiones que el rey le sometiera y, de hacerlo, mediante un voto, y se debía tomar la decisión de la mayoría... A la masa del pueblo asignó tres poderes: elegir los magistrados, sancionar las leyes y decidir sobre la paz y la guerra cuando el rey se lo demandara; pero, incluso entonces, la autoridad del pueblo estaba sin control, pues le era necesario el acuerdo del senado. El pueblo no votaba masivamente, sino que era convocado por curias; lo que había parecido bueno a la mayoría de las curias era atribuido inmediatamente al senado.
(DIONISIO DE HALICARNASO. Historia antigua de Roma II, 14, 1-3)